Se levantó el paro portuario: el Gobierno nacional anunció que suspenderá la desregulación y reducirá un 20% las tarifas de practicaje

El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que permitirá normalizar de inmediato la operatoria en los puertos argentinos. Como parte del entendimiento, el Ejecutivo suspendió la aplicación del decreto de desregulación del servicio, anunció una reducción del 20% en las tarifas de practicaje y conformará una mesa técnica para revisar la normativa junto a las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes.

El Gobierno nacional anunció un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación, medida que permitirá reactivar el movimiento de los buques que permanecían sin operar en distintos puertos y vías navegables del país.

Como parte del entendimiento alcanzado, el Ejecutivo resolvió suspender la aplicación del decreto que modificó el régimen de practicaje y abrir una mesa de trabajo destinada a revisar los principales aspectos de la normativa. Hasta el momento, el comunicado oficial no precisó mediante qué instrumento jurídico se formalizará esa suspensión ni el plazo durante el cual quedará interrumpida la vigencia del nuevo esquema.

La mesa técnica será coordinada por la administración nacional y contará con la participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos con competencia en la actividad. Allí se analizarán los aspectos tarifarios, operativos y de seguridad que originaron diferencias tras la publicación del decreto.

Desde la Casa Rosada destacaron como principal resultado de la negociación la reducción del 20% en las tarifas de practicaje. Sin embargo, el comunicado no especificó sobre qué cuadro tarifario se aplicará el recorte, si alcanzará a todos los servicios y zonas de navegación ni desde qué fecha comenzará a regir.

Los prácticos son profesionales habilitados que abordan los buques para asesorar a los capitanes sobre las rutas de navegación, las maniobras y las reglas específicas de cada puerto, río, paso o canal. Aunque el capitán mantiene la conducción y la responsabilidad sobre la embarcación, el práctico aporta el conocimiento técnico de las condiciones particulares de cada zona.

El régimen vigente desde 1991 establece que el practicaje y el pilotaje constituyen un servicio público vinculado con la seguridad de la navegación. Los profesionales pueden prestar sus servicios de manera independiente o a través de empresas habilitadas, mientras que la Prefectura Naval Argentina ejerce el poder de policía y supervisa las condiciones operativas.

El decreto de desregulación impulsado por el Gobierno proponía ampliar la competencia dentro del sector, reducir los casos en los que era obligatorio contratar un práctico, flexibilizar los medios de traslado hasta las embarcaciones y establecer mayores exigencias de transparencia en la fijación de precios. Además, contemplaba topes tarifarios y nuevas excepciones para determinados buques y capitanes.

Desde el Gobierno sostenían que el sistema vigente generaba costos superiores a los registrados en otros puertos y restringía el ingreso de nuevos prestadores. En contrapartida, los representantes del sector advertían que algunas de las modificaciones reducían controles técnicos y podían incrementar los riesgos durante las maniobras de navegación.

La interrupción de tareas provocó que al menos 140 buques mercantes no pudieran ingresar, salir o realizar operaciones en distintas terminales del país. El conflicto afectó los puertos de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, de acuerdo con la información difundida por las cámaras empresarias.

El impacto más inmediato se reflejó en la cadena energética. La falta de asistencia a los buques impidió el ingreso de petróleo a algunas refinerías, demoró el despacho marítimo de combustibles hacia los centros de distribución y retrasó la carga de crudo destinado a la exportación.

En la Casa Rosada también siguieron con especial atención la situación en la Patagonia sur, debido a que el combustible refinado parte desde las terminales de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca hacia Comodoro Rivadavia, desde donde se distribuye al resto de la región, que dispone de menos alternativas logísticas que el centro y norte del país.

El conflicto tampoco podía resolverse mediante una conciliación obligatoria tradicional, ya que los prácticos desarrollan su actividad como profesionales independientes o mediante empresas especializadas. Por ese motivo, la negociación se concentró en los representantes del sector y en las herramientas regulatorias disponibles para la Prefectura Naval y las autoridades portuarias.

Fuente: MisionesOnline