La Justicia suspendió el decreto de Milei y le ordenó que cumpla con la ley de Financiamiento Universitario y actualice el salario docente

Un fallo de la Justicia federal obligó al Gobierno nacional a restituir la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y a aplicar de inmediato los aumentos salariales y de becas para estudiantes, al considerar que el decreto presidencial que había suspendido la norma vulnera el proceso legislativo y derechos constitucionales básicos.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y suspendió el decreto del presidente Javier Milei que había dejado sin efecto su aplicación. La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, quien dispuso la implementación inmediata de los aumentos salariales y de las becas para estudiantes universitarios.

El magistrado sostuvo que existe un deber claro por parte del Estado de cumplir la ley, en virtud del proceso legislativo completo que incluyó el veto presidencial y la posterior ratificación por parte del Congreso con las mayorías requeridas. En ese marco, remarcó que la insistencia legislativa debe prevalecer sobre cualquier intento de suspensión administrativa, ya que la Constitución Nacional no contempla esa posibilidad.

En los fundamentos del fallo, Cormick advirtió que “el deterioro salarial tiene una incidencia no sólo sobre el colectivo demandante sino sobre el efecto de su trabajo -esto es, una afectación del Derecho a enseñar y aprender del artículo 14 de la Constitución Nacional”. Además, subrayó que “la no concesión de la medida implicaría a priori y en el estado larval del proceso, un ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global de gastos de la Administración Pública Nacional”.

La causa judicial se originó tras el veto presidencial a la ley, que luego fue ratificado por ambas cámaras del Congreso, pero cuya aplicación quedó suspendida por un decreto del Poder Ejecutivo. Para el juez, esa suspensión carece de sustento constitucional, ya que una norma administrativa no puede neutralizar una ley formal aprobada por el Parlamento.

Cormick también cuestionó el argumento del Gobierno, que se apoyaba en una disposición de la Ley 24.629 sobre la necesidad de detallar fuentes de financiamiento para nuevos gastos. Según el fallo, esa norma de menor jerarquía no puede imponerse por sobre un mandato constitucional expreso ni sobre una ley sancionada y ratificada por el Congreso.

En otro tramo de la resolución, el magistrado descartó que la medida cautelar genere consecuencias irreversibles para las finanzas públicas, al señalar que se trata de una decisión temporal, susceptible de ser revisada y ajustada en el marco del debate presupuestario en curso. Además, indicó que la suspensión del decreto respeta el principio de división de poderes y se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva, con caución juratoria como garantía.

Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados

La Ley 27.795 tiene como objetivo asegurar la continuidad y el sostenimiento del sistema universitario público. Entre sus principales disposiciones se encuentran la actualización automática de los presupuestos universitarios de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la recomposición salarial de docentes y no docentes con carácter remunerativo y bonificable —incluida la incorporación plena de sumas no remunerativas— y la convocatoria obligatoria a una paritaria nacional con actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación.

La norma también prevé la revisión y el fortalecimiento de los programas de becas estratégicas y de apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad, un punto que el fallo judicial ordena restituir de manera inmediata.

Fuente: MisionesOnline