El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de reforma electoral: así es el texto completo

El Gobierno nacional envió al Congreso un ambicioso proyecto de reforma electoral que propone cambios estructurales en el sistema político argentino, incluyendo la eliminación de las PASO, nuevas reglas de financiamiento partidario y la implementación de la denominada “Ficha Limpia”, entre otras modificaciones clave.

El Gobierno presentó este miércoles en el Senado de la Nación Argentina un proyecto de ley para impulsar una reforma integral del sistema electoral. La iniciativa, que había sido anticipada por el mandatario durante su visita a Israel, contempla la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación del mecanismo de Ficha Limpia.

El texto ingresó a las 18 en la Cámara Alta y cuenta con 79 artículos que proponen modificaciones a normas clave como la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Un día antes de su presentación, Milei había adelantado la iniciativa en redes sociales con un mensaje enfático: “ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!”.

La estrategia del Poder Ejecutivo apunta a rediseñar la arquitectura electoral del país, aunque su aprobación dependerá de complejas negociaciones con los gobernadores provinciales. En ese marco, la elección del Senado como cámara de origen responde a la necesidad de construir consensos con las provincias, actores clave para avanzar con la iniciativa.

Eliminación de las PASO y cambios en los partidos

Uno de los ejes centrales del proyecto es la eliminación de las PASO a nivel nacional. La propuesta establece que las internas deberán ser organizadas y financiadas por los propios partidos políticos, sin intervención del Estado. Según el Gobierno, la medida busca reducir el gasto público y otorgar mayor autonomía a las fuerzas políticas en la selección de candidatos.

La reforma también redefine los requisitos para la creación y funcionamiento de los partidos. Para obtener personería jurídico-política, se exigirá un mínimo de 50 electores fundadores por distrito, además de acta de fundación, declaración de principios, carta orgánica, autoridades designadas, domicilio legal y sitio web. También deberán declarar no participar en otras fuerzas en formación.

Tras el reconocimiento provisorio, las agrupaciones tendrán 180 días para reunir afiliados equivalentes al 0,5 % del padrón del distrito (con un tope de 2 millones) y deberán convocar a elecciones internas en un plazo máximo de 90 días. Para alcanzar reconocimiento nacional, será necesario contar con presencia en al menos diez distritos y un 0,1 % del padrón nacional.

El control quedará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que podrá solicitar la caducidad de los partidos en casos como no realizar internas durante cuatro años, no participar en dos elecciones consecutivas, no alcanzar el 3 % del padrón o incumplir la paridad de género.

Ficha Limpia y reglas para candidaturas

El proyecto incorpora la figura de Ficha Limpia, que impedirá ser candidato o autoridad partidaria a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos, graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra. El registro será administrado por la Cámara Nacional Electoral.

Además, se exigirán avales ciudadanos para la presentación de candidaturas, equivalentes al número de afiliados requeridos para la personería. Se prohíbe la doble postulación y se establece la obligatoriedad de listas con alternancia de género.

Boleta única y campaña electoral

Entre las novedades, se incluye la implementación de la boleta única en papel para todos los cargos nacionales, con diseño diferenciado por categoría y opción de voto por lista completa. Los partidos podrán solicitar colores específicos hasta 65 días antes de la elección.

La campaña electoral comenzará 60 días antes de los comicios y finalizará 48 horas previas. Se prevén sanciones para quienes incumplan los plazos, como la pérdida de financiamiento público por hasta cuatro años y multas de entre 2.000 y 50.000 módulos electorales.

También se prohíben actos de inauguración de obras públicas y anuncios gubernamentales durante los 25 días previos a la votación, para evitar influencias en el electorado.

Financiamiento y control

El proyecto establece nuevas reglas para el financiamiento partidario. Los aportes estatales estarán limitados a partidos reconocidos y se prohíben donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, extranjeros o personas con antecedentes penales graves.

Al menos el 10 % de los fondos deberá destinarse a capacitación e investigación. Todos los movimientos financieros deberán canalizarse a través de una única cuenta bancaria por distrito, bajo supervisión judicial.

El financiamiento público se distribuirá en un 20 % de manera igualitaria entre partidos y el 80 % restante según los votos obtenidos en la última elección de diputados, siempre que superen el 1 % del padrón.

También se fija un límite del 35 % para los aportes individuales respecto del total permitido y se exige un detalle exhaustivo de los gastos de campaña, incluyendo publicidad en redes sociales.

Otras disposiciones

La iniciativa prohíbe la contratación de servicios de personas extranjeras por parte de los partidos políticos, con el objetivo de evitar injerencias externas.

Otra novedad es que el debate presidencial dejará de ser obligatorio.

En el plano internacional, se suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha electoral unificada en el bloque, denominada “Día del Mercosur Ciudadano”. Mientras tanto, los representantes serán designados por la Cámara de Diputados con criterio proporcional y solo percibirán viáticos.

Finalmente, los partidos políticos tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse a las nuevas disposiciones. También se establecen restricciones para la designación de personas inhabilitadas en cargos ejecutivos, órganos colegiados y empresas estatales.