El Gobierno nacional apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad: considera que esta decisión “invade” sus atribuciones

El Gobierno nacional decidió apelar el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida que había sido paralizada por el Decreto 681/2025. La Casa Rosada presentará una apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá revisar la decisión del juez Adrián González Charvay, quien había declarado inválido un artículo clave del decreto presidencial.

El Gobierno nacional confirmó que apelará la sentencia del Juzgado Federal de Campana, que obligó a la puesta en marcha de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La apelación será presentada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá revisar la decisión del juez Adrián González Charvay.

El fallo dictado por el magistrado había declarado inválido el artículo central del Decreto 681/2025, que había suspendido la ley. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo considera que esta decisión “invade” sus atribuciones para ordenar las cuentas públicas y administrar el presupuesto, además de poner en riesgo el equilibrio fiscal.

El origen de este fallo se remonta a un amparo colectivo presentado por padres de niños con el Certificado Único de Discapacidad y organizaciones del sector, quienes plantearon que la parálisis de la ley por el decreto presidencial dejaba sin protección a miles de personas y agudizaba la crisis en el sistema de prestaciones.

El juez Charvay consideró que el artículo 2 del decreto presidencial era “inválido” al contradecir el procedimiento constitucional previsto para la promulgación de leyes. En este contexto, se señaló que el Ejecutivo había excedido sus facultades al intentar suspender una ley aprobada por el Congreso y vigente por imperativo constitucional.

Desde el Gobierno, se criticó la postura del magistrado, que desestimó los argumentos fiscales planteados por el Ministerio de Salud. Según el juez, la Jefatura de Gabinete ya había realizado más de 19 reasignaciones presupuestarias desde diciembre de 2023 y podía utilizar la misma herramienta para aplicar la ley, a pesar de que el Congreso no había incorporado partidas específicas en el Presupuesto 2026. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó esta interpretación, destacando que la emergencia en discapacidad requiere un respaldo financiero que aún no ha sido definido por el Congreso, y advirtió que reasignar fondos sin un marco presupuestario podría afectar programas prioritarios.

La tensión entre el Ejecutivo y el juez Charvay no es nueva, ya que desde agosto el magistrado había declarado inválido el decreto que rechazó una ley que aumentaba los fondos para las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ante esta situación, el Gobierno no descarta llevar la discusión a la Corte Suprema si la Cámara de San Martín confirma el fallo.

Fuente: MisionesOnline