La tensión en Los Ángeles escala tras las redadas migratorias: despliegue militar, protestas, enfrentamientos y más de 50 detenidos

La ciudad de Los Ángeles atraviesa horas críticas luego de un fin de semana marcado por protestas masivas, disturbios y una fuerte presencia militar en su centro urbano.

Las manifestaciones, originadas tras una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), escalaron hasta convertirse en una crisis de orden público que derivó en la intervención de la Guardia Nacional por orden del presidente Donald Trump. Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que presentará una demanda contra la administración federal.

Desde el viernes, distintas zonas del centro de la ciudad fueron escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La protesta inicial surgió tras la detención de 44 migrantes en operativos realizados por el ICE, lo que encendió la indignación de organizaciones civiles y ciudadanos que salieron a las calles en rechazo a lo que consideran un endurecimiento extremo de las políticas migratorias del gobierno federal.

Durante la jornada del domingo, los episodios de violencia se intensificaron. Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), al menos 27 personas fueron arrestadas ese día, sumando un total de 56 detenidos durante todo el fin de semana. Entre los hechos reportados por las autoridades se encuentra el lanzamiento de un cóctel Molotov contra un agente, el intento de embestida con una motocicleta a una línea policial, y ataques con fuegos artificiales. También se registraron vehículos incendiados, pintadas contra el ICE y bloqueos en la autopista 101, donde se produjeron 17 arrestos por parte de la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Ante este escenario, la Policía de Los Ángeles declaró al centro de la ciudad como “asamblea ilegal”, lo que habilitó la dispersión forzada de las concentraciones. Varias calles fueron cerradas al tránsito vehicular y peatonal, y los alrededores del Ayuntamiento se encuentran fuertemente custodiados por efectivos policiales, algunos de ellos montados a caballo. La zona luce desierta, con un clima de tensión constante.

En la fachada de un complejo federal del centro de Los Ángeles, que alberga un centro de detención, apareció pintada la consigna “Our City” (Nuestra ciudad), en señal de rechazo al creciente despliegue de fuerzas militares en zonas urbanas. Esta instalación, convertida en uno de los focos del conflicto, es vigilada ahora por cientos de agentes de la Guardia Nacional, muchos de ellos pertenecientes a la 79ª Brigada de Infantería.

El presidente Trump defendió el envío de más de 2.000 efectivos a California, al señalar que “hay gente violenta, y no vamos a permitir que se salgan con la suya”. Durante una breve declaración ante periodistas, prometió “una ley y un orden muy fuertes” en Los Ángeles y no descartó replicar el despliegue en otras ciudades del país.

Sin embargo, la medida fue duramente criticada por el gobernador Gavin Newsom, quien afirmó que el gobierno federal actuó sin coordinación previa con las autoridades estatales. En una entrevista televisiva, Newsom señaló que Trump “exacerbó las condiciones desde que anunció que tomaría el control de la Guardia Nacional”, y confirmó que presentará una demanda contra la Casa Blanca. “Donald Trump ha creado las condiciones que han visto en televisión esta noche”, declaró.

Newsom también denunció que el Ejecutivo federal violó los protocolos legales vigentes, al no notificar ni consultar al gobierno de California antes de movilizar tropas en su territorio. En una carta dirigida al secretario de Defensa, Pete Hegseth, exigió que la orden sea revocada y que las tropas regresen al control del estado. “Hay un protocolo, hay un proceso. A él no le importó. Y lo peor es que mintió completamente”, subrayó el gobernador.

Mientras tanto, el jefe del LAPD, Jim McDonnell, intentó descomprimir la situación al asegurar que la tarea de la policía no es “dividir comunidades ni politizar la aplicación de la ley”, sino garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. “Estamos comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a todos los angelinos, sin importar su estatus migratorio”, afirmó.

Fuente: Infobae.