El Gobierno nacional acelera las privatizaciones de la empresas públicas y se reabre el debate: cuáles tienen superávit

Con un plan de privatización que apunta a atraer inversión y fomentar la competencia en sectores estratégicos, el proceso arrancará con Belgrano Cargas y podría extenderse a Aerolíneas Argentinas. La estrategia, que enfrenta críticas por los recortes en servicios públicos, prevé dividir las concesiones para optimizar la eficiencia y reducir el gasto estatal.

El Gobierno impulsa la venta de activos estatales, en una decisión que revive las políticas de privatización de los años 90, pero con una estrategia renovada: dividir las concesiones en varias compañías para captar inversores y fomentar la competencia en los mercados.

La administración de Javier Milei anunció que el proceso empieza con la privatización de Belgrano Cargas y que alcanzará a otros sectores estratégicos, como el transporte de pasajeros. Esta iniciativa sigue la reciente aprobación del dictamen para privatizar Aerolíneas Argentinas, proyecto que recibe el respaldo de sectores del PRO y de una parte de la UCR.

Actualmente, el Estado Nacional tiene participación en más de un centenar de empresas, de las cuales 34 mantienen una participación mayoritaria. Datos de la Oficina Nacional de Presupuesto muestran que 21 de estas empresas presentan superávit financiero en el último trimestre de 2023, aunque esta cifra se reduce a doce en el primer trimestre de 2024.

El Gobierno atribuyó esta disminución en el número de empresas con superávit a los recortes presupuestarios, conocidos como “la motosierra”, que implican una reducción del 46 % en las transferencias estatales. Enarsa, entre las más afectadas, recibe un recorte por la reducción de subsidios y la menor necesidad de importación de gas tras la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Belgrano Cargas: entre la privatización y los obstáculos históricos

La privatización de Belgrano Cargas no es una idea nueva. En 1999, la empresa pasó a concesión mediante contratación directa, pero la falta de inversión privada deterioró la infraestructura ferroviaria, lo cual motivó la declaración de emergencia en 2006. En 2008, el gobierno de Cristina Kirchner revierte la concesión y, en 2013, nacionaliza el servicio.

Desde entonces, Belgrano Cargas muestra signos de recuperación: entre 2021 y 2022, la estatal Trenes Argentinos Cargas incrementa en un 57,4 % el transporte de mercancías, alcanzando niveles récord desde 1992. No obstante, el gobierno actual planea dividir la concesión en tres segmentos (administración, infraestructura y operación) para evitar errores del pasado y mejorar la eficiencia.

“La situación actual exige analizar las opciones de gestión más eficientes, y esto nos llevó a definir un camino a seguir con la privatización por partes”, declararon fuentes de la Secretaría de Transporte. Explicaron que esta estructura apunta a mejorar la eficiencia operativa y atraer capital privado en cada segmento.

Los efectos de los recortes y el impacto en empresas estatales

El avance de las privatizaciones desató un debate sobre los efectos de los recortes en las empresas públicas. Los ingresos de Aerolíneas Argentinas caen un 28 % en el primer semestre de 2024, mientras que Correo Argentino y Corredores Viales registran una baja del 26 %, y Tandanor reporta una caída del 58 %.

En contraste, AySA y Trenes Argentinos aumentaron su facturación debido a ajustes tarifarios, estrategia que recibió críticas por elevar los costos de servicios públicos para los ciudadanos. “Esta política de privatizaciones y aumentos en tarifas afecta a toda la ciudadanía, ya que desmantela el patrimonio nacional y eleva el costo de los servicios esenciales”, advirtió Manuel Valenti Randi, economista y director del observatorio Ocipex.

Valenti Randi denunció que la decisión de retirar a Arsat la franja reservada de 100 MHz para proveer internet a más de 42 mil escuelas afecta la conectividad y la rentabilidad de la empresa estatal.

Con esta política de recortes, el Estado busca disminuir su participación en el PBI mediante la reducción de transferencias a las empresas públicas, aunque esta estrategia genera un debilitamiento de algunos servicios y una reducción en la inversión en mantenimiento e infraestructura. Según el centro de estudios Ocipex, “lejos de ser una carga para el Estado, las empresas públicas han sido clave en el desarrollo de sectores estratégicos y, paradójicamente, su fortalecimiento permitió reducir las transferencias del Tesoro”.

Fuente: MisionesOnline

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