Denuncian que el Gobierno nacional mantiene más de $1 billón sin ejecutar para obras viales

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines cuestionó el manejo de los recursos destinados a infraestructura y advirtió por la reducción de personal de Vialidad Nacional mientras se analizan nuevas concesiones.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) cuestionó al Gobierno nacional por el nivel de ejecución de los recursos destinados a la infraestructura vial y advirtió sobre la situación de Vialidad Nacional ante el avance de nuevas concesiones de rutas.

Según un relevamiento realizado por el gremio a partir de documentación oficial, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados al sistema vial. De ese monto, $394.406 millones fueron utilizados para obras, mientras que al 31 de mayo más de $1 billón permanecía colocado en plazos fijos y títulos públicos.

La denuncia fue difundida el viernes 25 de septiembre, en momentos en que el Gobierno nacional evaluaba incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al esquema de concesiones privadas.

La titular de STVyARA, Graciela Aleñá, cuestionó que existan recursos recaudados específicamente para el sistema vial que no sean destinados al mantenimiento y ejecución de obras.

“¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”, planteó la dirigente.

Desde el sindicato señalaron además que el Poder Ejecutivo reconoció posteriormente que parte de esos fondos era administrada por el Ministerio de Economía en el marco de la política de equilibrio fiscal.

Críticas al nuevo esquema de concesiones

El gremio también puso el foco en el proceso mediante el cual se prevé ampliar la participación privada en la administración de rutas nacionales. STVyARA calificó la iniciativa como un “ruticidio” y sostuvo que existe un proceso de reducción de las capacidades de Vialidad Nacional.

De acuerdo con el planteo sindical, el organismo estatal mantendría funciones de auditoría y fiscalización sobre miles de kilómetros concesionados, al mismo tiempo que avanza un segundo programa de Retiro Voluntario destinado a reducir su dotación.

Aleñá sostuvo que esa situación podría afectar la capacidad técnica necesaria para controlar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias.

“No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar”, afirmó.

STVyARA cuestionó así dos aspectos del esquema que se encuentra bajo análisis: por un lado, el nivel de ejecución de los fondos destinados a infraestructura vial y, por otro, la reducción de personal del organismo que debería participar en el control de las futuras concesiones.

El sindicato sostuvo que la infraestructura vial no debería quedar condicionada únicamente por criterios de rentabilidad y reclamó que los recursos recaudados para ese fin sean aplicados a obras y mantenimiento.

La organización también rechazó lo que considera un proceso de reducción de las capacidades estatales que podría terminar trasladando tareas de fiscalización a empresas externas. En ese sentido, Aleñá resumió la posición gremial al señalar que no aceptan que “primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado”.

La discusión se produce mientras el Gobierno analiza la incorporación de 26 tramos de rutas nacionales a concesiones privadas, en un proceso que contempla nuevos mecanismos de administración y cobro de peajes sobre distintos sectores de la Red Vial Nacional.

Fuente: MisionesOnline