Tras la suspensión del acto en Tucumán, el Gobierno nacional busca reactivar el diálogo con las provincias por fondos

Tras la suspensión del acto en Tucumán, el Gobierno intenta reactivar el diálogo con las provincias sobre el reparto de fondos. Un informe técnico respalda los reclamos de los gobernadores, quienes exigen reformar el uso del impuesto a los combustibles y la distribución de los ATN.

Luego de cancelar a último momento el acto por el Día de la Independencia en Tucumán, el Gobierno nacional trabaja para retomar el diálogo con las provincias en torno a una demanda central de los gobernadores: la necesidad de fondos. Aunque desde la Casa Rosada aseguran que existen “canales abiertos”, persiste un clima de desconfianza y aún no hay fecha confirmada para la reunión prometida.

La vigilia del 9 de Julio iba a servir como punto de encuentro entre el presidente Javier Milei y un puñado de mandatarios provinciales en un clima distendido, enmarcado en la conmemoración de los 208 años de la independencia argentina. Sin embargo, la actividad fue suspendida. Desde el Gobierno alegaron razones climáticas que impidieron tanto el viaje del jefe de Estado como el despliegue del operativo de seguridad necesario para este tipo de eventos.

En la Casa Histórica de Tucumán se esperaba la presencia del gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo, y de otros mandatarios como Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), entre otros. También se preveía la asistencia de algunos vicegobernadores. La intención oficial era mostrar una señal de unidad institucional, sin abordar en ese marco las tensiones presupuestarias.

Ya en la previa, desde la Casa Rosada adelantaban que el acto “no era el contexto adecuado para discutir fondos”. No obstante, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, proyecta una reunión posterior al 9 de Julio en su despacho, con una convocatoria más amplia y con el tema fiscal como eje central. Según indicaron fuentes oficiales, se mantiene contacto con algunas jurisdicciones para definir la fecha de ese encuentro, aunque muchas provincias se muestran escépticas respecto de que finalmente se concrete.

En paralelo, los gobernadores impulsan en el Congreso una serie de modificaciones al esquema de distribución de fondos. Un informe técnico reciente que acompaña el proyecto presentado en el Senado revela que los cambios propuestos implicarían un costo fiscal de 0,11 puntos del PBI. La propuesta apunta principalmente a dos ejes: reformar el reparto del impuesto a los combustibles líquidos y automatizar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El informe señala que el primer cambio —que incluye la eliminación de tres fondos fiduciarios financiados actualmente con ese tributo— representa un impacto de apenas 0,08% del producto. Según los gobernadores, esta eliminación va en línea con los cuestionamientos que el propio Gobierno nacional planteó en la Ley Bases sobre los fideicomisos, considerados mecanismos opacos en la asignación de recursos.

Respecto a los ATN, las provincias insisten en que “son recursos pertenecientes a las jurisdicciones” y deben ser usados para situaciones de emergencia o desequilibrios financieros. El informe técnico advierte que este fondo, que adquirió mayor relevancia en el actual contexto inflacionario, ha sido subejecutado en los últimos años. “Es una paradoja que, en medio de una crisis, los recursos que deberían asistir a las provincias no se utilicen”, señalan.

El documento sostiene que el recorte general de transferencias presupuestarias y la caída de los fondos coparticipables ha generado una situación de emergencia fiscal en la mayoría de las provincias. Esto justificaría, según argumentan, la distribución inmediata de los fondos acumulados en los ATN.

Además, si se aprueban las reformas planteadas, el superávit fiscal del Gobierno pasaría del 1,60% al 1,49% del PBI, todavía por encima del objetivo de 1,30% que exige el Fondo Monetario Internacional. “Estamos hablando del 0,11 del producto, pero además son fondos que son de las provincias. Dibujan el superávit con plata que no ejecutan y que no les pertenece”, sostuvo una fuente cercana a un grupo de gobernadores.

Desde el oficialismo reconocen que la negociación con las provincias podría reactivarse tras el debate del proyecto en el Senado, que incluso podría darse esta misma semana. Una fuente con acceso a la mesa de diálogo admitió: “Si tenés que convencer a dos o tres gobernadores, ¿te conviene hacerlo antes de que se vote en una Cámara con mayoría opositora o esperar a Diputados, donde tenés más margen?”.

El equilibrio fiscal sigue siendo una prioridad para la administración Milei, pero las tensiones con las provincias por la distribución de fondos muestran que, más allá del discurso, la coordinación política sigue siendo un desafío pendiente. Con las cuentas en el centro del debate, el Gobierno deberá decidir si apuesta al diálogo o mantiene su estrategia de ajuste unilateral.

Fuente: MisionesOnline