Los embargos de ARCA a las empresas crecieron 52% en un año y afectan con más fuerza a las pymes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó 135.744 medidas de embargo sobre sociedades entre enero y agosto, según datos oficiales. Más del 80% recayó sobre microempresas, en un contexto de dificultades financieras y caída de las ventas.

Las empresas argentinas, en particular las pequeñas y medianas, enfrentan una creciente presión sobre sus finanzas. A las dificultades para sostener las ventas y acceder al crédito se suman los embargos que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ejecuta sobre sus cuentas y otros activos para cobrar deudas tributarias.

De acuerdo con datos oficiales obtenidos por TN mediante un pedido de acceso a la información pública, entre enero y agosto de 2026 se registraron 135.744 medidas de embargo contra personas jurídicas, un 52% más que en el mismo período del año pasado, cuando se habían contabilizado 89.565.

La evolución mensual refleja una aceleración durante el año: los embargos pasaron de 1.051 en enero a 29.561 en agosto. La cifra también supera ampliamente los registros anteriores. Durante los primeros ocho meses de 2024 se habían contabilizado 66.994 medidas, mientras que en igual período de 2025 fueron 89.565.

Las microempresas, las más afectadas

El impacto se concentra principalmente en los negocios de menor tamaño. De los 135.744 embargos registrados entre enero y agosto de este año, 113.116 correspondieron a microempresas, lo que representa más del 80% del total. La proporción se mantuvo relativamente estable en los períodos anteriores.

En términos económicos, los montos alcanzados por estas medidas sumaron $285.391 millones durante los primeros ocho meses de 2026.

Los registros también muestran que la cantidad de embargos fue considerablemente superior al número de empresas afectadas, lo que indica que una misma compañía pudo recibir más de una medida. En total, alrededor de 42.100 empresas quedaron alcanzadas durante ese período.

La cantidad de contribuyentes afectados también aumentó con el correr de los meses: en enero se contabilizaron 389 empresas con embargos, mientras que en agosto el número llegó a 8.605.

En paralelo, algunas compañías comenzaron a regularizar sus obligaciones. Entre enero y agosto, 30.941 contribuyentes alcanzados por embargos resolvieron su situación, ya sea mediante la adhesión a planes de facilidades de pago o la cancelación de las deudas que habían originado las medidas.

Cómo funciona el mecanismo de ARCA

Los embargos se enmarcan en los juicios de ejecución fiscal que ARCA promueve cuando existen deudas exigibles. En esos procedimientos, el organismo puede solicitar autorización judicial para aplicar medidas cautelares destinadas a garantizar el cobro, como el bloqueo de fondos en cuentas bancarias, el embargo de créditos pendientes de cobro o la inhibición general de bienes.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó a TN que, una vez iniciado el proceso judicial, el organismo puede solicitar distintas medidas y que, habitualmente, los primeros bienes alcanzados son los fondos depositados en cuentas bancarias.

La principal preocupación del sector empresario está vinculada con la rapidez con la que se activa el procedimiento. Según el especialista, ARCA puede iniciar la ejecución fiscal pocos días después de detectar una deuda, incluso sin una intimación previa que permita al contribuyente regularizar su situación antes de que se concrete el embargo.

“Lo que está pasando ahora es que el Fisco a los días ya inicia el juicio de ejecución incluso sin intimar el pago de ese saldo de la declaración jurada y eso termina en embargo”, sostuvo Domínguez.

Ante este escenario, el tributarista consideró necesario establecer una instancia previa para que las compañías con dificultades financieras puedan ponerse al día. En ese sentido, propuso que el organismo envíe una intimación antes de avanzar con la ejecución judicial.

El planteo coincide con uno de los reclamos que las cámaras empresariales vienen realizando durante este año: reducir el impacto inmediato de las medidas fiscales sobre las compañías que atraviesan problemas de liquidez.

La Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades del sector solicitaron suspender durante 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales contra las pymes.

El argumento central es que el bloqueo de las cuentas puede afectar directamente el funcionamiento de las empresas. Sin acceso a sus fondos, las compañías pueden enfrentar dificultades para pagar salarios, cargas sociales, proveedores y otros compromisos, lo que agrega presión sobre una actividad que ya presenta problemas para sostener su nivel de ingresos.

Fuente: MisionesOnline