Causa AFA: La Justicia rechazó apartarse y ordenó completar las medidas de prueba por la mansión de Pilar

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó apartarse de la investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presuntas maniobras de desvío de fondos y facturación falsa, y ordenó completar las medidas de prueba que estaban pendientes. En paralelo, la Cámara Federal de Casación convocó a una nueva audiencia para el próximo 12 de agosto, mientras continúa el conflicto de competencia entre tribunales porteños y bonaerenses por una causa que investiga, entre otros puntos, una mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares.

El juez en lo penal económico Diego Amarante decidió continuar al frente de la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino y rechazó el planteo para apartarse del expediente. Al mismo tiempo, ordenó que se completen las medidas de prueba que todavía se encontraban pendientes.

La causa investiga presuntas maniobras de desvío de fondos y facturación falsa vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de una investigación sobre una mansión ubicada en Pilar, cuyo valor estimado es de 17 millones de dólares y que figura registrada a nombre de presuntos testaferros.

Uno de los elementos que el fiscal considera de relevancia dentro del expediente es el hallazgo de una tarjeta de crédito a nombre de Luciano Pantano. La empresa de Pantano, Real Central SRL, también figura como propietaria de la casa de Pilar, por lo que el empresario es investigado como presunto testaferro.

De acuerdo con la investigación, la tarjeta de crédito encontrada estaría vinculada con gastos relacionados con los vehículos de lujo que fueron hallados en la propiedad.

La hipótesis que actualmente sostiene la Justicia apunta a que Pantano y Ana Conte, su socia en Real Central SRL, no tendrían un perfil patrimonial compatible con la adquisición de la mansión de Pilar y de los automóviles encontrados allí. Por ese motivo, los investigadores sospechan que ambos podrían haber actuado como testaferros de Toviggino.

La discusión por la competencia de la causa

Uno de los principales puntos de conflicto en el expediente está relacionado con el tribunal que debe intervenir en la investigación.

En una resolución, Amarante sostuvo que es de “público conocimiento” que, pese al cambio de sede social de la AFA, la entidad continuó desarrollando su actividad central en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, al momento de los hechos que se investigan.

Por esa razón, el magistrado consideró que pretender que la competencia corresponda a los tribunales bonaerenses constituye una “mera formalidad y ficción jurídica”.

Según Amarante, priorizar el domicilio social ubicado en el partido de Pilar por sobre el lugar efectivo donde presuntamente se habrían desarrollado las conductas investigadas implica desconocer que los hechos presentan una “total desvinculación” con la jurisdicción de Campana.

El conflicto se inició después de que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, reclamara el expediente que tramita en los tribunales porteños. En esa causa se investigan supuestos hechos de lavado de dinero a partir de una denuncia basada en publicaciones periodísticas.

El magistrado bonaerense entendió que existían similitudes entre esa investigación y otra causa radicada en su juzgado por presunto desvío de fondos en perjuicio de la AFA y emisión de facturas falsas. Ese expediente había sido remitido desde Santiago del Estero.

Amarante rechazó el planteo de González Charvay por considerarlo prematuro y sostuvo que los actos de ejecución de la maniobra investigada habrían ocurrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras esa negativa, el conflicto de competencia deberá ser analizado por la Cámara en lo Penal Económico.

La causa por los aportes de la seguridad social

En paralelo, Amarante ya procesó a Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes correspondientes a la seguridad social por un monto de 19.000 millones de pesos.

La Cámara confirmó los procesamientos y estableció embargos por 350 millones de pesos, además de la prohibición de salida del país para ambos dirigentes. En el caso de Tapia, la medida no le impidió viajar al Mundial, ya que obtuvo una autorización judicial para hacerlo.

La mudanza de la sede de la AFA y las distintas causas

La mudanza de la sede social de la AFA a Pilar fue avalada por la Cámara Nacional en lo Civil. Sin embargo, el Estado apeló esa decisión y el expediente podría llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, las diferentes investigaciones contra dirigentes de la AFA continúan distribuidas entre distintos juzgados.

La causa relacionada con la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y registrada a nombre de personas señaladas como presuntos testaferros, ya pasó por cuatro tribunales desde el inicio de las actuaciones.

En este contexto, la Cámara Federal de Casación convocó a una nueva audiencia para el próximo 12 de agosto, en la que continuará el análisis de la situación procesal y de los conflictos vinculados con la investigación.

Fuente: MisionesOnline