El oficialismo consiguió dictamen para el proyecto de Malvinas y buscará tratarlo el 12 de noviembre

La Libertad Avanza logró avanzar con la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional después de aceptar modificaciones solicitadas por bloques aliados y atender objeciones de Estados Unidos. El proyecto contempla sanciones por explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur y nuevas disposiciones sobre seguridad e inteligencia.

El Gobierno nacional consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, luego de introducir modificaciones para alcanzar acuerdos con sectores aliados en la Cámara de Diputados. La iniciativa quedó en condiciones de ser debatida en el recinto y el oficialismo maneja como fecha tentativa el jueves 12 de noviembre, aunque todavía existen diferencias sobre determinados artículos que podrían generar nuevas negociaciones antes de la votación.

El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y promovido principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, establece un conjunto de medidas destinadas a proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Entre sus principales disposiciones se encuentra el endurecimiento de las sanciones contra la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y otros espacios comprendidos en el reclamo de soberanía nacional.

El avance legislativo se produjo después de varias reuniones entre representantes de La Libertad Avanza y diputados de bloques dialoguistas, quienes reclamaron cambios en el alcance de las penalidades, los mecanismos de control parlamentario y las disposiciones vinculadas con la intervención extranjera en asuntos políticos.

Los cambios que aceptó el Gobierno tras las objeciones de Estados Unidos

Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con las sanciones previstas para empresas vinculadas con actividades económicas no autorizadas en las Islas Malvinas. La propuesta original contemplaba penalidades para compañías, socios y proveedores relacionados con la explotación de recursos renovables y no renovables, incluida la actividad hidrocarburífera.

El alcance de estas disposiciones generó preocupación en el Gobierno estadounidense. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, transmitió personalmente al presidente Javier Milei las objeciones de la administración de Donald Trump por las posibles consecuencias que la legislación podría tener sobre empresas de ese país.

Como resultado de las negociaciones, el oficialismo aceptó restringir las sanciones a quienes participen directamente en actividades consideradas ilegales, como operadores, licenciatarios, proveedores y accionistas directos de los proyectos. La nueva redacción excluye de responsabilidad a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión que mantengan participaciones indirectas en las empresas involucradas.

Las disposiciones contemplan multas y la posibilidad de suspender o cancelar habilitaciones comerciales vigentes en Argentina para las compañías alcanzadas por las sanciones. Con los cambios introducidos, el Gobierno buscó mantener herramientas de protección sobre los recursos naturales del Atlántico Sur sin extender las penalidades a inversores que no intervengan directamente en las operaciones cuestionadas.

Creación de un Consejo de Seguridad Nacional 

Otro de los ejes del proyecto es la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional, un organismo encargado de coordinar las políticas vinculadas con defensa, inteligencia y seguridad interior. Estará presidido por el jefe de Estado e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el jefe de Gabinete, ministros y autoridades de los organismos de inteligencia.

El Consejo tendrá atribuciones para evaluar, autorizar o rechazar inversiones de Estados extranjeros y empresas vinculadas con esos países en sectores considerados estratégicos, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.

Ante los planteos de los bloques aliados, el oficialismo incorporó la posibilidad de que participen autoridades legislativas y gobernadores en determinadas reuniones, cuando los asuntos analizados lo requieran. También se incluyó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, como integrante permanente del organismo.

Asimismo, se acordó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, con facultades para fiscalizar las decisiones y los procedimientos del nuevo Consejo. La incorporación de este mecanismo respondió a una propuesta del diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Según la modificación incorporada, el Poder Ejecutivo deberá informar a esa comisión parlamentaria, dentro de un plazo de 48 horas, las medidas de seguridad adoptadas por el Consejo. El objetivo es establecer una instancia de supervisión legislativa sobre las decisiones que adopte el organismo.

Modificaciones a las penas por injerencia extranjera

El proyecto también introduce disposiciones penales destinadas a sancionar la intervención de gobiernos extranjeros en procesos electorales y decisiones políticas argentinas. La iniciativa contempla penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por orden, cuenta o financiamiento de un Estado extranjero, desarrollen acciones destinadas a alterar elecciones o manipular la opinión pública bajo las condiciones previstas en la norma.

Tras las críticas recibidas, el oficialismo modificó la definición de campaña de injerencia extranjera para delimitar las conductas alcanzadas por las sanciones. El nuevo texto considera las acciones organizadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas que tengan como finalidad modificar procesos electorales, influir sobre la voluntad política o condicionar decisiones de las autoridades.

Además, se incorporaron exclusiones expresas para determinadas actividades. La redacción establece que no serán consideradas campañas de injerencia la actividad periodística, la investigación académica, las acciones diplomáticas desarrolladas conforme al derecho internacional, la manifestación pública de opiniones atribuibles a gobiernos extranjeros y la representación abierta y regulada de intereses.

Pese a las modificaciones, las diferencias no quedaron completamente resueltas. Legisladores aliados que acompañaron el dictamen con disidencias mantienen objeciones sobre los artículos 127, 128 y 129, particularmente por la interpretación que podría aplicarse a las actividades de organizaciones no gubernamentales que buscan influir sobre las políticas públicas.

De acuerdo con lo publicado por Infobae, algunos representantes de los bloques dialoguistas advirtieron que podrían rechazar el proyecto en el recinto si no se incorporan nuevas precisiones. Desde el oficialismo reconocieron que todavía existen aspectos de la redacción que podrían modificarse antes de la votación.

La sesión podría realizarse el 12 de noviembre

Con la firma del dictamen de mayoría, el proyecto superó una de las instancias necesarias para avanzar hacia su tratamiento en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el oficialismo todavía deberá reunir los votos suficientes para conseguir su aprobación, en un escenario en el que persisten diferencias sobre los alcances de la iniciativa.

La fecha que se analiza para llevar el proyecto al recinto es el jueves 12 de noviembre. No obstante, el cronograma podría sufrir modificaciones debido a la agenda legislativa y a las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina.

Mientras tanto, La Libertad Avanza continuará las negociaciones con los sectores aliados para resolver los cuestionamientos pendientes. Aunque el dictamen representa un avance para el Gobierno, la aprobación definitiva dependerá de los acuerdos que logre construir en Diputados y del posterior tratamiento legislativo que corresponda.

Fuente: MisionesOnline