El Gobierno nacional envió al Senado reformas a la Ley de Salud Mental y el sistema de pensiones por invalidez

El Gobierno nacional envió al Senado dos proyectos de ley con cambios estructurales en áreas sensibles como la salud mental y las pensiones por invalidez. Las iniciativas, que fueron remitidas con pedido de tratamiento urgente, apuntan a reforzar controles, actualizar marcos normativos y corregir irregularidades detectadas en los últimos años.

El Gobierno de Javier Milei avanzó en su agenda legislativa y envió al Senado de la Nación Argentina dos proyectos de ley que introducen modificaciones de fondo en el sistema de pensiones por invalidez y en la normativa de salud mental.

Las iniciativas forman parte de una estrategia oficial orientada a reformar esquemas que, según el Ejecutivo, presentan distorsiones y requieren actualización. Ambos textos fueron remitidos con pedido de “pronto tratamiento”.

Uno de los proyectos está enfocado en combatir el fraude en las pensiones no contributivas por invalidez. Desde el Gobierno señalaron que en las últimas dos décadas estos beneficios registraron un crecimiento “exponencial”, al pasar de unos 76.000 en 2003 a cerca de 1,2 millones en 2023.

De acuerdo con el mensaje enviado al Congreso, auditorías e investigaciones detectaron diversas irregularidades en el otorgamiento de estas prestaciones, como casos de beneficiarios que no cumplían con los requisitos médicos exigidos o incluso la existencia de domicilios inexistentes. En este contexto, la iniciativa propone establecer mecanismos más estrictos para prevenir, detectar y sancionar fraudes.

El proyecto contempla modificaciones en la Ley 13.478 y en otras normas vinculadas al sistema de prestaciones para personas con discapacidad. El objetivo central es “garantizar un uso equitativo de los recursos públicos” y asegurar que los beneficios lleguen exclusivamente a quienes cumplan con las condiciones legales.

Desde el Ejecutivo advirtieron que estas irregularidades generan un “dispendio injustificable” de fondos y afectan tanto al Estado como a los beneficiarios legítimos.

En paralelo, el Gobierno también envió un proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, junto con cambios en normas complementarias y artículos del Código Civil y Comercial.

La iniciativa propone ampliar el enfoque de la legislación vigente, incorporando no solo la protección de la salud mental, sino también la prevención y el tratamiento. Asimismo, plantea otorgar un rol más relevante al criterio médico, en particular a los especialistas en psiquiatría, en la evaluación y abordaje de los pacientes.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la modificación de las condiciones para las internaciones involuntarias. En ese sentido, se busca reemplazar el concepto actual de “riesgo cierto e inminente” por una definición más amplia: “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

Según el Ejecutivo, este cambio apunta a evitar situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales de la salud frente a casos críticos.

Además, el texto habilita un mayor margen para la creación de establecimientos destinados al tratamiento de problemáticas de salud mental y adicciones, y refuerza la necesidad de que las inspecciones en estos espacios cuenten obligatoriamente con la participación de un médico psiquiatra dentro de equipos interdisciplinarios.

Ambos proyectos se inscriben en un contexto en el que el oficialismo busca avanzar con reformas estructurales en distintas áreas del Estado, con énfasis en el control del gasto público y la revisión de marcos regulatorios.

Fuente: MisionesOnline