YPF: la Justicia de Estados Unidos define si Argentina debe entregar acciones y enfrenta riesgo de desacato

La batalla judicial por la expropiación de YPF ingresa en una semana clave. Este martes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá si acepta el pedido del Estado argentino de suspender la orden de “turnover” accionario que emitió la jueza Loretta Preska.
La medida apunta a que el país transfiera a Burford Capital el 51% de las acciones de la petrolera que mantiene bajo control estatal, mientras avanza la apelación del fallo principal.
El caso se remonta a 2012, cuando durante el gobierno de Cristina Kirchner se expropió YPF. Una década después, Preska condenó a Argentina a pagar USD 16.000 millones por irregularidades en ese proceso. Con intereses, la cifra ya asciende a unos USD 18.000 millones, un monto que representa una carga extraordinaria para una economía que atraviesa severas dificultades para acumular reservas.
Burford Capital, un fondo de litigios con sede en Londres y presencia en Wall Street, compró los derechos de esta demanda y desde entonces presiona para forzar una negociación. La empresa busca demostrar que YPF y el Estado argentino operan como un mismo ente (“alter ego”), lo que le permitiría reclamar embargos sobre activos estatales, incluidas las acciones de la petrolera.
Argentina solicitó un “stay” —suspensión de la entrega— sin ofrecer garantías, algo que la contraparte rechaza. La Corte de Apelaciones podría optar por tres caminos: no conceder la suspensión y confirmar la orden de Preska; concederla pero con garantías distintas a las acciones; o aceptarla plenamente, lo que pospondría cualquier entrega hasta que se resuelva la apelación, prevista para fines de octubre.
Si se diera alguno de los dos primeros escenarios, fuentes oficiales anticipan que el país recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos. Aunque se trata de un procedimiento poco habitual por la naturaleza administrativa del caso, el objetivo sería ganar tiempo. Sin embargo, si el fallo es negativo y Argentina no cumple, entraría en desacato.
Los antecedentes marcan que las consecuencias podrían ser graves. En 2014, cuando el país enfrentó a los fondos buitre liderados por Paul Singer, el juez Thomas Griesa impuso una multa diaria de USD 50.000. Analistas creen que esta vez la cifra podría ser mucho más alta. Además, se abriría la puerta a medidas que compliquen emisiones de deuda, frenen inversiones e incluso restrinjan el ingreso de funcionarios a EE.UU.
En el Gobierno, bajo la conducción de la Procuración del Tesoro, aseguran que agotarán todas las instancias legales y mantienen un hermetismo total sobre la estrategia. Burford, en cambio, sostiene que no busca quedarse con la petrolera, pero exige el pago inmediato y cuestiona las demoras argentinas. Con USD 18.000 millones en disputa, el martes marcará un punto de inflexión en el caso judicial más costoso que enfrenta la Argentina en tribunales internacionales.
Fuente: Infobae