El Gobierno nacional insistirá con una nueva Ley de Financiamiento Universitario pese al acuerdo salarial con rectores

Mientras avanza un acuerdo entre el Gobierno nacional y las universidades públicas para recomponer salarios y reforzar partidas presupuestarias, la administración de Javier Milei ratificó su intención de impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo pretende reabrir la discusión durante el tratamiento del Presupuesto 2027, aun cuando el entendimiento con los rectores no implique el retiro de la demanda judicial que actualmente analiza la Corte Suprema.

El Gobierno nacional planea avanzar con una nueva Ley de Financiamiento Universitario más allá del acuerdo que negocia con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para recomponer salarios y reforzar las partidas destinadas a las universidades públicas durante 2026.

Según sostienen en la Casa Rosada, el momento adecuado para volver a debatir el esquema de financiamiento será durante la discusión del Presupuesto 2027, una estrategia similar a la que el oficialismo intentó implementar durante el tratamiento de las asignaciones presupuestarias correspondientes a 2026.

La postura del Ejecutivo se apoya en el escenario judicial abierto en torno a la actual Ley de Financiamiento Universitario. En Balcarce 50 consideran que, si la Corte Suprema falla en contra del Gobierno, la administración de Javier Milei estará obligada a aplicar la normativa vigente, una ley que el oficialismo cuestiona por no establecer una fuente específica de financiamiento para afrontar los gastos que dispone.

Desde el Gobierno advierten que un eventual fallo adverso se produciría en un contexto de ajuste fiscal, menor margen de recaudación y con la intención oficial de mantener el superávit fiscal.

Las universidades mantendrán la demanda judicial

Pese al avance de las negociaciones, las universidades no tienen previsto desistir de la demanda que mantienen ante la Justicia. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional remarcan que el acuerdo económico actualmente en discusión no implica retirar el reclamo judicial.

El expediente continúa bajo análisis de la Corte Suprema luego de que el Ejecutivo presentara un recurso extraordinario contra la medida cautelar que había favorecido a las casas de estudio.

El acuerdo entre el Gobierno y el CIN estaba previsto para este martes por la tarde, aunque desde despachos oficiales aclararon que aún no existía una definición completamente cerrada. Las conversaciones continúan centradas en los términos finales del acta, el alcance de la recomposición presupuestaria y la forma jurídica de formalizar el entendimiento sin que ello signifique abandonar la acción judicial en curso.

La propuesta económica

De acuerdo con fuentes universitarias, la propuesta oficial contempla una recomposición de la masa salarial del 24,33%.

El esquema incluye un aumento del 21,33% en junio sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026 y otro incremento adicional del 3% en octubre sobre los básicos correspondientes a septiembre.

La actualización salarial incorpora la compensación por el desfasaje registrado durante 2025, la inflación acumulada hasta mayo de 2026 y una mejora adicional del 7% destinada a recuperar parte de la pérdida del poder adquisitivo.

Además, el acta prevé la convocatoria periódica a negociaciones paritarias para docentes y no docentes universitarios, con una frecuencia que no podrá superar los tres meses calendario. Este punto constituye uno de los principales reclamos de los gremios del sector, que cuestionan la ausencia de instancias regulares de negociación salarial.

La propuesta también contempla una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, un refuerzo de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios durante este año y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano desde junio.

La estrategia oficial y el debate por el Presupuesto

En el Ejecutivo buscan presentar el acuerdo como una herramienta para reducir la conflictividad en el ámbito universitario sin abandonar su cuestionamiento a la ley actualmente vigente.

Desde la Casa Rosada sostienen que la normativa aprobada por el Congreso incrementa el gasto público sin definir claramente los recursos necesarios para financiarlo y consideran que la discusión debe desarrollarse dentro del marco integral del Presupuesto Nacional.

Como antecedente, el Gobierno recuerda la propuesta alternativa elaborada durante el verano, cuando impulsó una iniciativa que no eliminaba completamente el financiamiento universitario, sino que proponía modificaciones específicas. Entre ellas figuraban un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, actualizaciones salariales escalonadas, una revisión en junio para compensar diferencias respecto de la inflación medida por el IPC y mejoras en el sistema de becas.

Esa iniciativa no prosperó en el Congreso, aunque ahora vuelve a ser tomada como referencia para la futura discusión presupuestaria.

En el oficialismo consideran que el debate del Presupuesto 2027 permitirá ordenar el costo fiscal de las universidades junto con el resto de las prioridades estatales, en lugar de abordarlo mediante una ley específica por fuera del esquema general de ingresos y gastos públicos.

El impacto del ajuste fiscal

La discusión sobre el financiamiento universitario también se encuentra atravesada por la reciente reestructuración presupuestaria aplicada por el Gobierno nacional.

Hace menos de un mes, la administración de Javier Milei implementó un recorte cercano a los 2,5 billones de pesos, con impacto en áreas como educación, universidades, obra pública, subsidios y otros programas estatales.

Según fuentes oficiales, el costo fiscal estimado de aplicar la actual Ley de Financiamiento Universitario sería similar al monto recortado en la reciente reorganización presupuestaria.

La decisión administrativa incluyó reducciones en programas dependientes de la Secretaría de Educación, la suspensión de transferencias de capital destinadas a infraestructura universitaria y recortes en diversas partidas educativas.

En Balcarce 50 enmarcan estas medidas dentro del objetivo de cumplir con las metas fiscales establecidas por el Gobierno y preservar el resultado financiero positivo del sector público.

Fuente: MisionesOnline