Fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia: los Estados y empresas deberán detener la contaminación climática y compensar a las comunidades afectadas

Por primera vez, el máximo tribunal mundial declara ilegales las acciones gubernamentales que impulsan el cambio climático y sienta las bases para una nueva era de justicia climática global. El derecho a un ambiente sano y las acciones orientadas a mitigar y evitar la contaminación logra un respaldo jurídico sin precedentes a nivel mundial. La CIJ concluyó que los Estados que violen sus obligaciones climáticas cometen un acto «ilícito» y pueden estar obligados a pagar indemnizaciones a los países más afectados.

AMÉRICA LATINA y HOLANDA (23/7/2025).- En una decisión sin precedentes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su primera Opinión Consultiva sobre el cambio climático, estableciendo que los Estados -y por extensión, las empresas- tienen una responsabilidad legal directa sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El fallo, basado en derecho internacional vinculante, redefine el marco jurídico global frente a la crisis climática, y exige no solo detener la contaminación, sino también compensar a las comunidades más vulnerables por los daños sufridos.

“El hecho de que el Estado no adopte las medidas apropiadas para proteger el sistema climático […] puede constituir un hecho internacionalmente ilícito imputable a ese Estado”, dictó la CIJ en su pronunciamiento.

Este histórico dictamen señala que no actuar ante la crisis climática, por ejemplo, mediante la producción o subvención de combustibles fósiles, representa una violación del derecho internacional. En caso de que la restitución ambiental resulte materialmente imposible, la Corte también establece que los Estados responsables están obligados a indemnizar a los afectados.

El presidente de la CIJ, el juez Iwasawa Yuji, afirmó que la decisión responde a “una preocupación de proporciones planetarias que pone en peligro todas las formas de vida”, y expresó que la Corte presenta este dictamen “con la esperanza de que sus conclusiones permitan al derecho informar y orientar la acción social y política para resolver la actual crisis climática”.

«La Corte considera que la discrecionalidad de las partes en la progresión de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) es limitada… Las partes están obligadas a ejercer la debida diligencia y garantizar que sus NDC cumplan con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París. En el contexto actual, debido a la gravedad de la amenaza que supone el cambio climático, el estándar de diligencia debida que debe aplicarse en la preparación de las NDC es estricto. Esto significa que cada parte tiene que hacer todo lo posible para garantizar que las NDC presentadas representen su mayor ambición posible para alcanzar los objetivos del Acuerdo», expresa el fallo.

«El hecho de que el Estado no adopte las medidas apropiadas para proteger el sistema climático de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), incluso mediante la producción de combustibles fósiles, el consumo de combustibles fósiles, la concesión de licencias de exploración de combustibles fósiles o la concesión de subvenciones a los combustibles fósiles, puede constituir un hecho internacionalmente ilícito imputable a ese Estado «.

Y en cuanto a daños climáticos, el juez declaró: «En caso de que la restitución resulte materialmente imposible, los Estados responsables tienen la obligación de indemnizar».

El pronunciamiento de la CIJ desencadenará una reacción en cadena que acelerará los litigios climáticos a escala mundial.

El fin de la inacción voluntaria

La Opinión Consultiva de la CIJ exige algo más que compromisos simbólicos. Enfatiza que los Estados deben cumplir estrictamente con sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) bajo el Acuerdo de París. El estándar de “debida diligencia” para la elaboración de estas metas ahora debe ser el más alto posible.

“Cada parte tiene que hacer todo lo posible para garantizar que las NDC presentadas representen su mayor ambición posible para alcanzar los objetivos del Acuerdo”, precisó la Corte.

Este pronunciamiento tiene el potencial de desencadenar una ola de litigios climáticos en todo el mundo, ya que tribunales de diversas jurisdicciones lo tomarán como referencia en causas actuales y futuras. Las empresas -especialmente aquellas vinculadas a los combustibles fósiles- también enfrentarán mayor presión jurídica, al tiempo que se fortalece la responsabilidad de los Estados en proteger tanto el ambiente como los derechos humanos frente a la crisis climática.

El impulso desde el Pacífico y el Sur Global

La iniciativa para obtener esta Opinión Consultiva nació en 2019 por estudiantes de Derecho de la Universidad del Pacífico Sur, con el respaldo del Gobierno de Vanuatu, la organización Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) y World’s Youth for Climate Justice (WYCJ). Lograron una votación unánime en la Asamblea General de la ONU, con el apoyo de más de 1500 organizaciones.

Este proceso marcó un hito en la diplomacia climática liderada por la juventud y los países insulares, que enfrentan los impactos más severos del calentamiento global.

Voces latinoamericanas: “Ya no hay excusas para la inacción”

Desde América Latina, las reacciones no se hicieron esperar. Para Mariana Campos Vega, coordinadora para la región en WYCJ, el fallo significa una herramienta de esperanza: “Para las juventudes y comunidades vulnerables, la decisión de la CIJ nos da herramientas para exigir un futuro habitable. Los grandes emisores ya no tienen excusa para postergar la acción climática”.

Desde Chile, Mariana Cruz, directora ejecutiva de CEUS, destacó que la Opinión Consultiva refuerza la necesidad de un enfoque basado en la justicia:“Representa una oportunidad para que los Estados asuman con mayor claridad sus obligaciones. Deben proteger a las comunidades más vulnerables y asegurar condiciones de vida dignas ante la crisis climática. Hacemos un llamado a los Estados a asumir esta Opinión Consultiva como un mandato ético y jurídico para actuar con mayor ambición, coherencia y responsabilidad.”

Por su parte, Laura Restrepo Alameda, de la Red de Acción Climática América Latina (CANLA), subrayó la dimensión de derechos humanos del fallo: “La crisis climática no puede seguir tratándose como una cuestión aislada, sino como una violación sistémica de los derechos humanos más fundamentales, especialmente de quienes más sufren sus efectos. Los países históricamente responsables deben rendir cuentas”.

Desde Costa Rica, Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima, señaló que la Opinión Consultiva sienta un nuevo estándar para la gobernanza global: “Proteger el ambiente es la base para la vida. Esta decisión implica un deber de reformar y resetear la gobernanza climática. La COP30 ahora debe abrir el camino hacia la justicia y las reparaciones climáticas”.

La decisión de la Corte Internacional de Justicia marca un punto de inflexión en la historia del derecho ambiental y de los derechos humanos. Ya no basta con buenas intenciones ni promesas futuras: los Estados deben actuar con urgencia, ambición y responsabilidad, reparando los daños y previniendo nuevos colapsos. La justicia climática, al fin, empieza a tener voz en los más altos estrados del derecho internacional.

Mirada global del fallo CIJ

Vishal Prasad, director de Estudiantes de las Islas del Pacífico que Luchan contra el Cambio Climático analizpo el fallo y expresó: «Hoy, los países más pequeños del mundo han hecho historia. La decisión de la CIJ nos acerca a un mundo donde los gobiernos ya no puedan ignorar sus responsabilidades legales. Confirma una simple verdad de la justicia climática: quienes menos contribuyeron a alimentar esta crisis merecen protección, reparación y un futuro. Este fallo es un salvavidas para las comunidades del Pacífico que se encuentran en primera línea».

Por su parte, Nicole Ponce, Líder de Defensa Global, Juventud Mundial por la Justicia Climática señaló que «el mundo demuestra cómo los jóvenes y las comunidades del Sur Global tienen el poder de moldear el derecho internacional y buscar reparación por el daño causado”.

Mary Robinson, miembro de los Elders, primera mujer presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, opinó que «la situación actual ha cambiado. El tribunal supremo del mundo nos proporcionó una nueva y poderosa herramienta para proteger a las personas de los devastadores impactos de la crisis climática y para hacer justicia por el daño que sus emisiones ya han causado. Este es un regalo del Pacífico y la juventud mundial a la comunidad global, un punto de inflexión legal que puede acelerar el camino hacia un futuro más seguro y justo», dijo.

Remarcó que el CIJ dejó en claro con su fallo que «los gobiernos deben pisar el acelerador para proteger el derecho de las generaciones presentes y futuras a un clima seguro, lo que incluye controlar a las corporaciones y a los actores financieros. Se acerca el fin de la era de los combustibles fósiles, y hoy marca un hito importante en ese camino».

Asimismo, Sébastien Duyck, abogado sénior del Centro de Derecho Ambiental Internacional, sostuvo que cuando un tribunal como la CIJ reconoce nuevas conexiones entre la conducta y las normas jurídicas, como la idea de que no reducir las emisiones relacionadas con los combustibles fósiles puede violar obligaciones jurídicas internacionales, la situación no se detiene ahí.»Ese reconocimiento abre la puerta a nuevas demandas legales».

«Si los Estados tienen la obligación legal de prevenir el daño climático, las víctimas de dicho daño tienen derecho a reparación. De esta manera, la opinión consultiva de la CIJ no solo aclara las normas existentes, sino que también genera impulso jurídico. Redefine lo que ahora se considera legalmente posible, procesable y, en última instancia, ejecutable», concluyó.

Tasneem Essop, directora ejecutiva de Climate Action Network International planteó: «La era de la impunidad ha terminado. Gobiernos y corporaciones ahora enfrentan obligaciones legales claramente definidas para prevenir la catástrofe climática y reparar décadas de contaminación imprudente. Este fallo no podría haber llegado en mejor momento, justo antes de la próxima cumbre climática, donde nuestras demandas estarán respaldadas no solo por la voz de la gente y el peso de la evidencia científica, sino también por el derecho internacional. Con este fallo como nuestra nueva brújula, estamos mejor preparados para garantizar la protección de las personas y del planeta, y que quienes se benefician de la destrucción finalmente rindan cuentas», expesó.

Sarah Mead, codirectora de la Red de Litigios Climáticos, analizó el fallo y opinó que «esta sentencia confirma lo que la mayoría de la gente en todo el mundo quiere y espera de sus gobiernos: una acción climática significativa. Los planes climáticos de casi todos los países no están a la altura de lo necesario para garantizar la seguridad de todos, por lo que cada vez más personas recurren a los tribunales para exigir cuentas a sus gobiernos. Hoy, la ley les da la razón, confirmando que los líderes tienen el deber de proteger el planeta y salvaguardar el futuro de todos».

Joana Setzer, investigadora asociada del Grantham Institute, Londons School of Economics, aseveró, por su parte, que la opinión consultiva climática de la CIJ marca un punto de inflexión para el litigio climático a nivel mundial. «Su interpretación autorizada de las obligaciones legales de los países servirá como una herramienta crucial para los tribunales nacionales, los litigantes y los defensores que luchan por exigir responsabilidades a los gobiernos. Al igual que las opiniones consultivas anteriores, su mayor poder reside en inspirar la acción y establecer un referente legal y moral que los sistemas judiciales nacionales y regionales no pueden ignorar», señaló.

Harj Narulla, abogado, Doughty Street Chambers, expresó que «la Corte Internacional de Justicia ha advertido a las corporaciones y a la industria de los combustibles fósiles. Los Estados tendrán que reducir drásticamente sus emisiones para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, lo cual solo podrá lograrse si regulan a las empresas con altas emisiones».

Elisa Morgera, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los Derechos Humanos sostuvo que «en la actualidad, entramos en una nueva era de responsabilidad climática. El tribunal supremo del mundo lo ha dejado claro: las actividades perjudiciales para el clima violan el derecho internacional y los derechos de las personas. Los gobiernos deben reducir las emisiones para proteger la vida de las personas y deben reparar el daño que ya han causado».

El derecho a un ambiente limpio, seguro y saludable es inseparable del derecho a la vida, la salud y la dignidad.

El fallo del tribunal internacional refleja esta verdad. El camino para los grandes emisores es claro: actuar ahora para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, apoyar a las comunidades afectadas y alinear las leyes y las finanzas nacionales con las obligaciones internacionales.

Fuente: ArgentinaForestal