Malvinas: denunciaron a empresas pesqueras por operar en el mar argentino con licencias otorgadas por la administración kelper

La presentación fue radicada ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7 y apunta a siete firmas, en su mayoría de origen español. Están acusadas de extraer recursos del Atlántico Sur sin habilitación argentina.

Un estudio de abogados argentino presentó una denuncia penal contra empresas pesqueras que operan en el mar argentino con licencias británicas de Malvinas. La presentación fue radicada ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7 y apunta a siete firmas de origen español acusadas de extraer recursos del Atlántico Sur sin habilitación argentina.

Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, en representación de la organización Reset Republicano, presentaron la denuncia penal por “contrabando”. Apuntaron contra directivos, administradores y representantes legales de siete empresas pesqueras españolas y sus sociedades mixtas que operan en el mar argentino con autorizaciones expedidas por las autoridades británicas de Malvinas.

“Las empresas denunciadas estarían operando activamente en el Atlántico Sur mediante la explotación comercial ilícita de recursos pesqueros. Dichas firmas habrían solicitado y obtenido supuestas “licencias de pesca” otorgadas de manera ilegítima por la administración colonial británica que ocupa las Islas Malvinas (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)“, sostiene la denuncia, a la que tuvo acceso TN.

“Las llamadas ‘licencias de pesca’, en realidad, son verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio itícola de la República Argentina”, añadió el documento.

Además, los abogados agregaron, que “los buques de las firmas denunciadas estarían procediendo a la captura masiva de recursos vivos marinos dentro del mar territorial y plataforma continental argentina”.

La causa recayó en el juzgado de juez Juan Pedro Galván Greenway, según informó el propio estudio en redes sociales. La denuncia se conoce en medio de la ofensiva del Gobierno contra Inglaterra por la soberanía de las islas. El Ejecutivo ultima detalles para enviar un proyecto de ley para reforzar su posicionamiento luego de anunciar sanciones contra las petroleras que busquen operar en el lecho marítimo de Malvinas.

Las firmas señaladas son Lanzal (Petrel Fishing Company Ltd.), Grupo Pereira (Argos Group Ltd.), Pescapuerta (South Atlantic Squid), Copemar (South Atlantic Squid), Ferralmes (Castelo Fishing Co.), Hermanos Touza (Beaufort Fishing Ltd.) y Moradiña (Polar Ltd.).

Según la denuncia, las empresas evaden los controles de la aduana argentina y exportan de manera clandestina recursos pesqueros de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva bajo licencias que consideran ilegítimas, por estar expedidas por una potencia ocupante. Los denunciantes invocaron los artículos 863, 864 y 865 inciso a del Código Aduanero, que tipifican la evasión de control aduanero y la exportación clandestina de mercadería.

A través de su cuenta de X, Reset Republicano calificó las licencias de pesca otorgadas por las autoridades de Malvinas como “verdaderas patentes de corso”. “Lo que el gobierno no haga, lo haremos nosotros”, cerraron los denunciantes.

Por estas horas el Gobierno analiza incluir la pesca en el proyecto de sanciones a las empresas petroleras que enviará al Congreso, como anticipó TN. La legislación vigente ya contempla multas para empresas vinculadas con buques que pescan sin permiso argentino, pero el Ejecutivo estudia reforzar su aplicación dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, aún en estado borrador.

La Argentina ya tiene desde 2008 herramientas legales para sancionar vínculos con la pesca sin permiso argentino en Malvinas. El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca obliga a quienes reciben cuotas o autorizaciones de captura en el país a declarar que no tienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización nacional.

La norma también alcanza relaciones indirectas a través de sociedades vinculadas o controladas. Si se comprueba una violación, pueden caducar los permisos, las cuotas y las autorizaciones de captura de la empresa alcanzada. El Ejecutivo analiza ahora qué cambios incorporará al paquete que enviará al Congreso para ampliar el alcance de las sanciones sobre actividades vinculadas con Malvinas.

Fuente: TN